FEMEVAL: El intrusismo afecta al 40% del sector del metal

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El presidente de la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (Femeval), Vicente Lafuente, ha denunciado que el intrusismo profesional “afecta al 40 por ciento de las empresas del metal”, más de 2.000. Según un comunicado de Femeval, el sector metalmecánico de la Comunitat Valenciana lleva más de 20 años reclamando un mayor control por parte de la Administración para garantizar la seguridad de las instalaciones y de los usuarios.

“Hemos instado por activa y por pasiva a los órganos competentes a que cumplan sus obligaciones como marcan las diferentes normativas vigentes. Pero la respuesta sigue sin ser la deseada ni la esperada”, ha manifestado Lafuente. Los principales sectores afectados son las instalaciones y mantenimientos eléctricos, fontanería, climatización y frío, talleres, ascensores, protección de incendios, instalaciones de gas y talleres de reparación de vehículos.

El intrusismo sale caro

Vicente Lafuente ha destacado que el intrusismo profesional “sale caro porque pasa factura a las empresas que legalmente desarrollan su actividad por el daño económico y competencia desleal que supone, por la falta de efectividad de la Administración ante actuaciones irregulares y por los daños irreparables que provoca que pueden traducirse en una menor calidad de vida e incluso costar vidas”.

Respecto a los riesgos sobre la salud y seguridad que conlleva la situación actual, Lafuente ha advertido de que el 11 % de los incidentes en las viviendas están relacionados con las instalaciones eléctricas o muertes por electrocución. Una inadecuada reparación en los aparatos de climatización y frío puede provocar trastornos de salud como asma, alergias, legionella, infecciones respiratorias, problemas musculares, rinitis, conjuntivitis o faringitis.

Ascensores

En el caso de la seguridad vial, se puede producir un aumento del riesgo de accidentes que pueden causar lesiones, incluso muertes, según Femeval. Una mala instalación o un mantenimiento defectuoso puede derivar en descolgamientos, atrapamientos o caídas por el hueco entre el ascensor.

Otros riesgos enumerados por Lafuente son accidentes por explosión de extintores en mal estado, intoxicación por inhalación de CO2 por fugas de gas o mala combustión de la caldera o calentador. En dos de cada 10 talleres son ilegales, con el problema añadido de que aunque se descubran, no es delito, y solo supone una sanción administrativa y no se cierran, según Lafuente.

También se produce intrusismo “dentro de la legalidad” en recambistas ilegales, desguaces, compañías de renting, rentacar, grandes flotas o compañías de seguros. En el mantenimiento de aparatos y sistemas de protección de incendios existe la figura de los piratas, que suelen disponer de una empresa habilitada que les da cobertura. Lafuente ha denunciado que existe competencia desleal por parte de las grandes superficies, ya que permiten instalar aires sin profesionales, incluso con campañas tipo “instálatelo tú mismo”.

En el caso de las instalaciones de gas, las grandes superficies y algunos almacenistas venden aparatos a gas a personas no habilitadas para instalar una caldera o un calentador.

Documento para combatir el intrusismo

Femeval ha elaborado un documento para combatir el intrusismo y la competencia desleal con medidas como potenciar la labor de inspección, seguimiento, vigilancia y sanción del mercado para garantizar un entorno sin competencia desleal en el que todos los operadores del mercado actúen bajo las mismas reglas del juego, evitando que se incumplan impunemente las normas en vigor.

También se proponen protocolos de actuación para la presentación, análisis y seguimiento de denuncias sobre competencia desleal, y alcanzar un compromiso de las administraciones públicas para realizar una campaña coordinada de lucha contra el intrusismo y la piratería. Según Vicente Lafuente, “mientras siga existiendo gente que solicite los servicios de los intrusos profesionales seguirá habiendo una actividad ilegal que se alimentará de la economía oficial. Es una tarea conjunta de los empresarios, los usuarios finales y, sobre todo, de la administración, el combatir coordinadamente este fenómeno”.

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